Si la Ley Fundamental de Educación pasa del papel a la práctica, los niños y jóvenes del país tendrán mejores oportunidades para prepararse como profesionales.

Este nuevo documento obligará a los padres a enviar a sus hijos a clases, a los maestros a impartirlas y a las autoridades gubernamentales a asumir los costos que represente.

No habrá excusa para que el magisterio no cumpla los 200 días de clase, pues, según el artículo 6, los responsables de administrar el sistema tendrán que rendirle cuentas al país.

Para ello se están elaborando los reglamentos de las metas que serán exigidas. “Se destacarán los grandes objetivos y las metas. La ley se aplicará paulatinamente por varios efectos y uno es el económico”, expresó el diputado Luis Berríos, que integró la comisión especial.

Obligatoria, pero gratuita

Berríos aseveró que en ningún centro educativo se les podrá solicitar dinero a los padres de familia para costear personal de limpieza, guardias o material educativo, pues el Estado pagará por ello, como es su obligación, según el artículo 7.

“Queda prohibida cualquier exigencia de contribuciones económicas por parte de los docentes o autoridades educativas” se lee textualmente.

“El padre de familia debe tener claro que a él no se le va a cobrar nada, el Estado se va a hacer responsable de todo”, agregó Berríos.

Para cumplir la nueva ley vienen nuevas inversiones y empleos, como el artículo 10, que indica la obligatoriedad de los padres o tutores en hacer que sus hijos o pupilos cursen al menos un año de prebásica, básica y media.

Tomando en cuenta que muchas comunidades del área rural no poseen kínderes, el diputado señaló que se construirán poco a poco donde hagan falta y que se harán mejoras en las escuelas y colegios. “Hay que atender al niño en lugares y condiciones óptimas, con buen espacio físico, mobiliario y tecnología para que puedan aprender con facilidad”, dijo el funcionario.

Tendrán que ser licenciados

El documento incluye exigencias para los docentes. A partir de 2018, todos los maestros deberán tener un título universitario, según señala el artículo 81.

Para ello, las escuelas normales se convertirán en centros universitarios. “Nadie podrá trabajar si no tiene un título universitario. Habrá convenios para que los maestros se preparen en el extranjero, pero también se penalizará a los docentes que abandonen las aulas de clases”, aseveró Berríos.

Añadió que el 60% de los docentes tienen una licenciatura. Los que estén mejor preparados tendrán más y mejores incentivos.

Indicó que también se está descentralizando la educación y que los directores departamentales serán los responsables de dar cuentas si trabajó o no el maestro. “Una de las metas que tenemos es que se le debe pagar a tiempo al maestro para que esté satisfecho”, manifestó.

Aunque las autoridades educativas garantizan que en 2012 habrá 200 días de clase, la dirigencia magisterial asegura que seguirán “en pie de lucha y defendiendo sus derechos”.

“Con la nueva ley no se clausurará ningún año lectivo si no se cumplen [...]

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